Editorial

La inequidad de la educación

No es un misterio para nadie que la forma en que el Estado financia la educación superior no cumple con las necesidades reales de los estudiantes ni de las casas de estudio, causando múltiple problemas, dentro de los cuales ¿Quién pone el dinero? Es el tema central. Esto provoca que los aranceles suban cada año, sin que el fondo total que el gobierno entrega haga lo mismo. Esto, sumado a la mala distribución de recursos obliga a que los estudiantes y sus familias a cubrir la cuota faltante.

Hasta ahora, el problema se ha enfocado en la disputa entre estudiantes y universidades, planteando a estas últimas como las villanas de la historia, ya que son la cara visible del proceso de alzas, pero no nos engañemos, el trasfondo de esto va más allá y exige que el Estado adopte una posición más determinante, resolutiva, eficiente y de que una vez por todas, de una solución.

La implementación de cada carrera implica una inversión que debe ser cubierta en su totalidad, y que dependerá de la capacidad física, herramientas, laboratorios y salas, además de su capacidad docente. En base a esto, se crea un costo que las casas de estudio deben cubrir y que por lógica, depende del dinero que el estado entregue. El meollo del asunto es que el Estado no está entregando la cuota mínima para cubrir esto, lo que obliga a la universidad a transferir sus costos a los estudiantes. Es el perfil mercantil que ha alcanzado la educación, junto a la competencia con las universidades privadas, lo que ha producido una serie de puntos que condicionan la educación chilena.

Circulo vicioso

En el proceso de financiamiento de la educación superior sucede algo muy especial. En las universidades estatales, los dineros privados, por ejemplo el de Juanito Pérez al pagar su arancel, se convierte en dineros públicos, de todos los chilenos, ya que pasan al estado. En las universidades privadas nos encontramos el proceso inverso, cuando el gobierno en su afán de ayudar económicamente a los estudiantes, entrega recursos a los mejores puntajes PSU, el llamado AFI. Pero ¿Qué sucede? Un dinero público asignado por AFI, se transforma en dinero privado, porque el aporte que llega al alumno desde el Estado pasa a una entidad privada. Así, el dinero de todos los chilenos se convierte en dinero del señor X.

Además de esta “fuga” de recursos, debemos tener presente que a diferencia de las entidades privadas, las casas de estudio estatales no producen una optimización de los recursos o ganancia, lo que puede interpretarse en que dichas instituciones solo presentan un “arancel de subsistencia”, es decir no buscan ganar dinero sino solo cobrar para seguir funcionando, pese a que sus costos son mayores.

La priorización del gobierno en este sentido no es trascendental para las universidades, ya que las movilizaciones y presiones sociales ligadas a la educación superior han dejado de tener efecto y obviamente en la lógica de un estado funcional, hay problemas de mayor jerarquía que deben ser resueltos prioritariamente por su carácter de necesidad básica, de esta forma se posterga la discusión de temas no mediatizados, pero no menos importantes como es la educación superior.

Ahora ¿Por qué la discusión parlamentaria no apunta a mejorar esta situación? Esto se debe a dos posibles razones, que las movilizaciones y actos universitarios de protesta han perdido importancia, junto a que desde hace algunos años las universidades han dejado de ser una plataforma viable para la presentación de proyectos y campañas políticas, siendo más rentable en cuanto a votos, una aparición en televisión. La pérdida de importancia política de las casas de estudio es uno de los fenómenos menos estudiados, pero quizás más incidentes en el estado actual de todas las universidades estatales del país.