Educación superior… en costos
El alza de los aranceles, los costos de implementación y el IPC, sumado al insuficiente financiamiento estatal a las universidades basado en el aporte fiscal directo e indirecto, perjudica a miles de familias chilenas que deben costear esta fuerte “inversión”, pagando aranceles que a veces son más altos que el sueldo mínimo de mayoría trabajadores chilenos.
En la actualidad los costos que implican implementar una carrera profesional superan con
creces a los dineros aportados por el estado para estos efectos y al “no ser redituable”, esto obliga a las universidades a trasferir sus costes a algún otro actor del proceso educacional, en este caso a los estudiantes, quienes deben acudir a diversas instancias para poder costear esta inversión que supera en algunos casos el ingreso mensual de algunas familias. Las opciones son variadas, créditos comerciales, ayudas solidarias, becas, crédito Corfo, pero ninguna de ellas parece ser una solución real. Lo peor del caso es que los fondos con los cuales el estado inyecta recursos a la educación superior no están funcionando como se esperaba, y solo están reproduciendo un círculo de inequidad que amenaza con mermar el acceso a la educación superior y la realización profesional de muchos jóvenes chilenos.
Todos los dirigentes estudiantiles entrevistados para este reportaje cuentan con alguna alternativa de pago para sus carreras universitarias, ya que el ingreso mensual de sus hogares no alcanza a costear el alto precio de los aranceles mensuales. Un claro ejemplo de esto, es que el arancel de la carrera de Ingeniería en construcción de la universidad de Valparaíso, en el año 2002 costaba $1.090.000 pesos. Seis años después, aumentó en más de 70%, llegando a bordear $1.720.000. Muchos estudiantes como por ejemplo Patricio Cáceres y Sebastián Vasconcello, entrevistados, se ven afectados en este proceso, ya que deben, junto a sus familias, soportar la recarga económica de un sistema inequitativo de repartición de recursos, que en cierto modo, comienza a reproducir un modelo de desigualdad en donde no existe una línea de partida clara que procure un momento inicial de igualdad para la competencia.
Entrando en materia…
Comencemos a analizar este tema, el financiamiento por parte del estado hacia las universidades se produce de dos formas, a través del aporte fiscal directo AFD que financia a las universidades (u oferta) y el aporte fiscal indirecto AFI que financia a los mejores puntajes PSU (o demanda).
AFD es un fondo de libre acceso compuesto por dos montos, un 95% fijo, al que se le llama histórico, y un 5% variable que se entrega a las universidades considerando el cumplimiento de algunos parámetros, como por ejemplo la cantidad de publicaciones, los proyectos iniciados, el número de doctores y académicos con post grados. En cierto modo, es un estímulo a la calidad docente que las universidades logran a través de sus “políticas de crecimiento”, pero ¿Qué son las políticas de crecimiento? El Director de relaciones estudiantiles de la Universidad Federico Santa María, Claudio Valenzuela, explica que éstas son propias de cada universidad, donde son los consejos superiores de las distintas instituciones quienes determinan el accionar, no el Estado o algún otro organismo exterior a ellas. De acuerdo a estas políticas, las universidades crean un plan de crecimiento con el fin de mejorar su calidad y así optar a más ingresos por medio del Aporte Fiscal Directo. El problema está en que este fondo representa una cantidad muy limitada de ingresos; ya que como explica el Vicerrector académico de la Universidad de Playa Ancha, Rolando Tiemann, si se toma en cuenta que se compite por el 5% otorgado por calidad, contrapuesto al 95% histórico, el AFD no varía mucho.
Esta problemática se vuelve más grave si se considera que el fondo total del Aporte Fiscal Directo, que se entrega exclusivamente a las universidades del CRUCH o consejo de rectores, no aumenta de forma importante con los años, más aún, debido al sistema de competencia entre las casas de estudio, las ganancias de una universidad significan las pérdidas de otra. Así lo señala David Jamet, director de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Valparaíso: “(…) los estándares de aporte tienen que ver con las capacidades de la universidad, si alguna tiene un repunte, esos recursos le serán quitados a otra, haciéndolas competir. Es como hacer pelear a los niños por comida (…)”
Este modelo de competencia por los fondos del Estado, en donde la casa de estudios que cuente con más herramientas logrará mejores resultados, y por ende; más dinero, genera distintas repercusiones en las universidades. Jamet desglosa la idea, dando a entender que en un proceso social, como el de entrada a competir a un mercado, produce dos efectos negativos, depredación y selección natural, o sea la ley del más fuerte.
Por otro lado, el Aporte Fiscal Indirecto (AFI), beneficia a los primeros 27.000 mejores puntajes de la PSU, premiando el esfuerzo de los mejores estudiantes del país. Claudio Valenzuela, director de asuntos estudiantiles de la Universidad Federico Santa María, hace énfasis en este punto y declara como sumamente positivo el premiar al estudiante que ha tenido buen rendimiento y, que por lógica, debe acceder a algún beneficio por los resultados obtenidos.
Los verdaderos costos de la inequidad
Analizando esto de forma más profunda, premiar a quienes rinden más es valorable, pero el problema radica en saber quién está rindiendo más ¿Puede un alumno de un colegio municipalizado ser puntaje nacional? Sí puede serlo, pero le es más difícil, debido a que debe lidiar con factores que le impiden rendir el máximo de su potencial, desde elementos técnicos como una docencia deficiente y un ambiente hostil, hasta elementos cotidianos como una alimentación insuficiente. Por ende, quienes están logrando los puntajes más altos en estos momentos, son las personas que llevan una mejor calidad de vida y pueden acceder a un colegio particular. Por lo tanto, en vez de apoyar a los alumnos con mayores necesidades, se está subsidiando a aquellos estudiantes que cuentan con el dinero para financiar su educación superior, entregando recursos a las universidades por su ingreso a ellas. Frente a esto David Jamet, califica de aberrante al Aporte Fiscal Indirecto por subsidiar a los que tienen más, y explicitó que es impresentable que, en un gobierno como éste, con orientación social, “esta situación ocurra y además, se mantenga”.
Rolando Tiemann opina que es en este punto donde el gobierno está fallando, ya que, junto con hacer competir a las universidades por lograr los fondos del aporte fiscal directo, se compite además por lograr el aporte fiscal indirecto. La competencia es favorable para lograr los mejores resultados, sólo cuando ésta parte de una base de igualdad, lo que actualmente no sucede. Desde la vuelta a la democracia no se ha logrado garantizar uno de los derechos fundamentales que se encuentra establecido en nuestra Constitución, como es el derecho a una educación de calidad. Es el propio Tiemann quién arguye que “no porque un estudiante no haya obtenido 700 u 800 puntos es malo, es porque no se le han dado las herramientas”, sentenció.
Una luz al final del camino
Para hacer frente a estos problemas, se está generando una discusión a nivel nacional que no ha generado cambios importantes debido a una férrea posición del gobierno en sus políticas educacionales. Pero se acerca una nueva posibilidad de plantear los problemas de la inequidad y competencia desigual, como señaló Sebastián Vasconcellos, ex - Vocero externo de la federación de la Universidad Federico Santa María: “se está estableciendo una mesa de diálogo MINEDUC-CONFECH en donde el tema central es el financiamiento completo, además presenta una instancia para proponer el tema y saber qué opina el gobierno”.
El sentir que predomina tanto en académicos como estudiantes, es que este modelo de financiamiento debe ser cambiado, ya que no cumple el objetivo para el cual fue creado, debido que responde a criterios establecidos hace más de veinte años. Es así que en la actualidad, se está reproduciendo un sistema de inequidad, haciendo competir a universidades y estudiantes por fondos insuficientes y mal repartidos, subsidiando a quienes pueden pagar y no apoyando a los estudiantes que tienen mayores necesidades.
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